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Boletín de noticias 19 de enero de 2012
EL TIEMPO
CREACIÓN DE NUEVOS CARGOS ENFRENTA A LAS SALAS DE LA JUDICATURA
Continúa la disputa entre magistrados de la Sala Disciplinaria con sus colegas de la Administrativa.
Las diferencias por el nombramiento de magistrados para descongestionar los despachos en el Consejo Superior de la Judicatura avivaron el enfrentamiento que sostienen desde principio de año los magistrados de la Sala Disciplinaria con sus colegas de la Sala Administrativa de ese tribunal.
Mientras la Sala Disciplinaria pidió crear 1.005 cargos provisionales -costarían más de 50.000 millones de pesos- para ponerse al día en los procesos, la Administrativa plantea que solo basta con 166.
Aunque esta semana los miembros de la Disciplinaria bajaron sus pretensiones a 600 cargos, un documento de la Sala Administrativa, conocido por ELTIEMPO.COM, señala que la solicitud "excede los recursos que se han apropiado, los cuales deben ser redistribuidos para todas las jurisdicciones".
Hasta octubre del 2011, el inventario de procesos en la Judicatura era de 35.739, de los cuales el 94 por ciento estaba en las regionales y el 6 por ciento, en Bogotá.
El informe resalta que el año pasado la Judicatura creó 211 cargos, de los cuales 60 reforzaron las salas regionales y 151, el nivel central (en Bogotá).
También destaca que el 2 de diciembre del 2011, la Sala Administrativa derogó una propuesta para crear 124 cargos más, de los cuales solo 57 irían para el nivel seccional. La eliminación de esos cargos fue lo que originó el choque entre los magistrados Henry Villarraga, presidente de la Sala Disciplinaria, y su colega Néstor Correa, presidente encargado de la Sala Administrativa.
Proponen más vacantes para las regionales
Con el fin de evitar una mayor acumulación de procesos, la Sala Administrativa propone que de los 166 nuevos cargos, 126 se creen en los consejos seccionales y 40 en la Sala Disciplinaria. Los primeros se crearían este mes, en regionales como Antioquia, Boyacá y Nariño, que presentan el mayor nivel de congestión.
REGAÑO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL A JUECES POR ERROR EN ADOPCIÓN
El alto tribunal les pidió que no se dediquen solamente a realizar trámites administrativos.
El caso de una joven que hoy tiene 16 años, y que en el 2005 fue entregada en adopción sin antes verificar si tenía familia que se hiciera cargo de ella, llevó a la Corte Constitucional a 'jarlarle las orejas' a los jueces de familia para que en casos de menores huérfanos no solo se dediquen a realizar trámites administrativos.
En un fallo de tutela, el alto tribunal ordenó tumbar la resolución de entrega de adopción de la joven, que se encuentra en embarazo, y fija que sea devuelta a la familia de la madre que en su nacimiento la abandonó.
"Quiere la Corte hacer un llamado a los jueces de familia, en la medida en que los procesos relacionados con la adopción de niños, niñas y adolescentes, está lejos de ser una simple verificación de requisitos formales o refrendación de lo que hace la autoridad administrativa", señala la Corte.
También les recuerda a los jueces que son "garantes de los derechos" y que deben ejercer su potestad para conocer en detalle la situación de los menores solicitados en adopción. "Su actuación no se puede limitar a ser fedantes (dar fe) del proceso administrativo.
No. Su obligación como jueces en un Estado Social de Derecho y llamados como ninguno a proteger los derechos fundamentales de este grupo vulnerable, le imponen la obligación de indagar a fondo y requerir pruebas con el propósito de evitar que se incurran en errores como los que se cometieron en el caso bajo estudio", advirtió la Corte Constitucional.
Pero el regaño no fue solo para los jueces sino para el Consejo Superior de la Judicatura y para el Instituto de Bienestar Familiar (Icbf). El alto tribunal invitó a la Judicatura adoptar las medidas necesarias para que los jueces de familia cumplan con la obligación de ser garantes de derechos; y al
Icbf lo exhortó a diseñar un protocolo con las directrices que deben seguir los funcionarios en casos como este.
Los errores en la entrega de la adopción de esta joven se dieron porque tanto los funcionarios de Bienestar Familiar como el juez dieron total credibilidad a una tía-abuela de la menor que "mediante engaños" llevó a la niña a una casa del
Icbf asegurando que no tenía familia y que estaba siendo abusada sexualmente.
Con esos argumentos, la menor fue dada en adopción pese a que pedía que la llevaran a la casa de su familia. Incluso, la mujer que a la que le entregaron la tutela pidió que se revisara el caso, dado a las reiteradas peticiones de la niña.
CAEN DOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE PRESUPUESTO
Artículo que distribuía aportes parafiscales, el 68, se cayó por violar el principio de legalidad.
La Corte Constitucional declaró inexequibles las normas que ordenaban el pago de obligaciones judiciales y sentencias, y la distribución de los recursos por aportes parafiscales.
Según el presidente del tribunal constitucional, el magistrado Juan Carlos Henao, el gobierno debe priorizar los gastos y cumplir con las decisiones de los jueces y no puede efectuar esos pagos de manera parcial, como lo contemplaba el artículo 38 de la ley.
EL ESPECTADOR
CORTE CONSTITUCIONAL PUSO EN CINTURA SEGURIDAD JURÍDICA DEL ESTADO
Según el alto tribunal, no se pueden revisar los recursos de los sentenciados para el efectivo cumplimiento.
La Corte Constitucional dijo que los pagos por sentencias judiciales, conciliaciones y cesantías no pueden estar supeditadas a si hay recursos o no.
“Si una sentencia judicial queda al garete, queda dependiendo de la prioridad que gubernamentalmente se pueda hacer para su pago pues estaríamos llegando a significar que las sentencias se convierte en pedazos de papel sin ningún efecto vinculante, perdiendo seguridad jurídica”, precisó el presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao.
Según el magistrado, también se cayó la norma que permitía utilizar recursos de ingresos parafiscales para infraestructura.
Según la Corporación al artículo 71 de Ley 1420 de 2010 se le colgaron dos elementos que resultaron inconstitucionales.
Por un lado se contemplaba que con los recursos que no estén amparando compromisos a 31 de diciembre de 2010, se financiaran proyectos de construcción de infraestructura y por otro, se permitía la adquisición de infraestructura.
Para la Corte Constitucional, esas dos disposiciones no están soportadas por ninguna otra norma previa por lo que se está vulnerando el principio de legalidad del gasto y hasta el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
En consideración el Gobierno no podrá emplear recursos que se recaudan para el pago de parafiscales en la construcción y adquisición de obras públicas.
ESTADO DEBE BUSCAR CUERPOS DE LOS DESAPARECIDOS DEL PALACIO DE JUSTICIA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala en un informe que se presentó ocultamiento de las pruebas por parte de la fuerza pública.
En un informe de 132 páginas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le recomendó al Gobierno colombiano emprender acciones efectivas y agiles con el fin de buscar los cuerpos y lograr la completa identificación de las 11 personas declaradas como desaparecidas en la toma del Palacio de Justicia ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Para la Comisión, existen varias irregularidades por parte de los organismos colombianos en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación de las víctimas del llamado Holocausto del Palacio de Justicia, principalmente en el caso de los desaparecidos: 7 trabajadores de la cafetería, tres visitantes ocasionales y la guerrillera Irma Franco.
Ante estos hechos se manifiesta que necesario y una obligación del Estado lograr la plena identificación de los desaparecidos con el fin de lograr una “justicia total” en este proceso, por el cual ya han sido condenados el excomandante de la Escuela de Caballería, coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega y el excomandante de la Brigada XIII, general (r) Jesús Armando Arias Cabrales. Mientras que en diciembre pasado fue absuelto el excomandante del Coici, general (r) Iván Ramírez Quintero.
“Iniciar la búsqueda y localización inmediata de Calos Augusto Rodríguez, Cristina del Pilar Guarín Cortes, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán, Gloria Stella Lizarazo, Luz Mary Portela León, Norma Constanza Esguerra, Lucy Amparo Oviedo de Arias, Gloria Anzola de Lanao e Irma Franco Pineda o de sus restos mortales y, en su caso, entregarlos a sus familiares, previa identificación científica de los mismos”, precisa el informe en sus conclusiones y recomendaciones.
Se precisa además las múltiples irregularidades presentadas por los organismos de rescate y del Estado en el levantamiento de los cuerpos registrados en la noche del siete de noviembre y los tres días posteriores, manifestando que algunos cadáveres fueron lavados por los propios militares, y el movimiento inadecuado de otros afectó el reconocimiento de la escena, violando tratados internacionales en este tema. “La Comisión concluye que el manejo inadecuado de los cadáveres permite deducir que la fuerza pública quiso encubrir la forma como perecieron algunas víctimas y además dificultaron la identificación de los cadáveres y de las labores de investigación”, precisa en uno de los apartes.
Aclara además el extenso informe que "el manejo inadecuado de los cadáveres permite deducir que la fuerza pública quiso encubrir la forma como perecieron algunas víctimas y además dificultaron la identificación de los cadáveres y de las labores de investigación”.
El Estado colombiano tiene un mes de plazo para presentarle a la Comisión Interamericana un informe en el que se visualice el cumplimiento de cada unas solicitudes.
En las consideraciones finales, se precisa además que el hecho de que el inicio del proceso se haya adelantado por la jurisdicción penal militar en contra de los uniformados investigados por abuso de la fuerza y desaparición forzada y la tortura afectó la investigación, más si se tiene en cuenta que estos actos no pueden considerarse dentro de un fuero.
UNA ESTOCADA A LA FIESTA BRAVA
Nuevamente las declaraciones que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, viene haciendo desde su administración distrital han hecho eco en varios rincones del país.
Ha sucedido con el debate del porte de armas o la inclusión del grado 12 en los colegios. A ambos temas hemos dedicado este espacio. Hacía falta, claro, el más polémico de todos: las corridas de toros y su promoción.
El alcalde fue muy fuerte en esta materia. No sólo manifestó su descontento hacia el espectáculo —que los taurófilos consideran como un arte—, negándose a ocupar el palco que como primer mandatario le corresponde en la temporada taurina, sino que fue más allá. Con la elocuencia que lo caracteriza afirmó: “queremos iniciar una negociación con la Corporación Taurina de Bogotá con el fin de modificar las circunstancias que hacen de las corridas de toros un espectáculo alrededor de la muerte”. Con él están otros mandatarios. Por ejemplo el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, quien también entró pisando duro: dice que mientras ocupe ese cago, la Fábrica de Licores de Antioquia no patrocinará la fiesta brava.
El debate acerca de las corridas de toros es demasiado amplio y difícil. Los argumentos a favor o en contra de su promoción son vastos y datan de mucho tiempo atrás. Y, desde cada perspectiva, a nuestro juicio suenan válidos. Así como los taurófilos afirman que la fiesta permite la crianza y existencia del toro bravo (animales consentidos toda la vida para ese momento cumbre, que es la corrida en sí misma), los antitaurinos salen al paso diciendo que la tortura de un animal como espectáculo no justifica en ninguna medida su crianza.
Y podríamos llenar páginas enteras de este diario dedicando un espacio al contraste de los argumentos de cada parte. Es un debate, por decirlo de alguna manera, infinito, y en el que las partes no tienden a ceder nunca. Un debate de radicales. Si bien algunos apoyan el espectáculo sin la muerte, para otros ésta es un elemento esencial, ya que consideran que el toreo es eso mismo: una metáfora sobre la vida y la muerte. Un espacio de tiempo muy corto en el que se define todo.
Al margen de esto, quisiéramos concentrarnos en un elemento que a nuestro juicio es antipático: la prohibición. Esa costumbre que, también, heredamos de los españoles. En muchísimos temas hemos manifestado, con mucha vehemencia, que la solución a los problemas (si concebimos las corridas de toros como uno) no es la prohibición. Eso, a la larga, genera conductas mucho peores, al margen de la ley, que se explican por la fuerza de la costumbre de algunos actos humanos demasiado arraigados.
Sobre todo en un país en el que su máximo tribunal de la jurisdicción constitucional resolvió en 2010 favorecer la tradición cultural que encarna la fiesta brava. Esa ‘opción cultural’ que los aficionados ponen por delante de cualquier otro argumento. Ese derecho de algunas minorías que encuentran en el juego, las estocadas al animal y, finalmente, su muerte, un arte en todo el sentido de la palabra.
Sin embargo, apoyamos asimismo a la Corte Constitucional en esa parte de la sentencia en la que se afirma que las corridas, igual, son un acto de crueldad contra un animal y que deberán ir desapareciendo con el tiempo. No tanto a fuerza de prohibiciones radicales que corten de tajo la libertad de los aficionados, pero sí —¿y por qué no?— debatiendo sobre, como dice Petro, sus características. Ya en algunos países se han eliminado de las corridas los elementos que los antitaurinos denominan como de tortura. ¿Vamos hacia una evolución de la fiesta brava? Sería posible, sí, afinando lentamente unos mecanismos que no causen un trauma demasiado grande en aquellas minorías que la defienden.
EL NUEVO SIGLO
LAS CORRIDAS DE TOROS SON IMPORTANTES PARA CUNDINAMARCA: CRUZ
Para el Gobernador esa actividad permite el desarrollo de la ganadería y el turismo, con su correspondiente generación de empleo.
Por considerarla una actividad importante para Cundinamarca, el gobernador Álvaro Cruz se distanció del alcalde bogotano Gustavo Petro en el tema de las corridas de toros.
Además de ser una actividad que permite el desarrollo de la ganadería y el turismo, con su correspondiente generación de empleo, “desde el punto de vista cultural está muy arraigada la afición taurina en el departamento de Cundinamarca”, comentó.
El gobernador Cruz precisó, sin embargo, que esta diferencia de criterio “no entorpece las relaciones, por el contrario las relaciones son las mejores con el señor Alcalde” de Bogotá.
EL NUEVO SIGLO: ¿Ante el debate suscitado en los últimos días por las corridas de toros, cuál es su posición como Gobernador de Cundinamarca?
ÁLVARO CRUZ: En lo que tiene que con el departamento de Cundinamarca, lo que tengo que decir es que la cultura taurina está muy arraigada y está relacionada con las ferias y fiestas de los municipios.
Sin ir más lejos la ganadería Las Ventas del Espíritu Santo está ubicada en el municipio de Albán, Cundinamarca.
Entonces nos parece que tenemos todo un componente no solamente propio de el torteo en sí, sino también de todo lo que encierra esta fiesta brava desde el momento en que permite el desarrollo de los sectores ganaderos, el mejoramiento de las razas, la generación de empleo y como le digo también el turismo.
ENS: Se trata, pues, de una actividad económica muy importante para Cundinamarca…
ÁC: Exacto. Para nosotros es importante y desde el punto de vista cultural está muy arraigada la afición taurina en el departamento de Cundinamarca.
ENS: ¿Será esto motivo de enfrentamiento con el alcalde capitalino Gustavo Petro?
ÁC: Esa es la democracia. El Alcalde puede tener su opinión sobre un determinado tema, pero eso no entorpece las relaciones, por el contrario las relaciones son las mejores con el señor Alcalde.
ENS: ¿En qué temas han logrado acuerdos?
ÁC: Hemos definido unos temas básicos del primer paquete de relaciones como Región Bogotá-Cundinamarca.
ENS: Uno de esos temas es el relacionado con la seguridad alimentaria…
ÁC: En Corabastos vamos a trabajar de la mano para reestructurar y desarrollar el programa de abastecimiento alimentario de la región Bogotá-Cundinamarca, y mejorar los precios al productor y con ellos reducirle los precios al consumidor final.
Además queremos impulsar la relación de las cadenas productivas del Departamento con las plazas de mercado de Bogotá para mejorar también la calidad de productos y que haya una oferta adecuada.
ENS: Un tema que ha sido complicado con los alcaldes de la Sabana es el de la movilidad. ¿Qué acordaron en esa área?
ÁC: En cuanto a movilidad tenemos dos aspectos.
Uno está relacionado con lo que hemos denominado el sistema férreo ligero que estaría beneficiando el corredor occidental entre Facatativá y el centro de Bogotá, y el corredor norte entre Zipaquirá y el centro de Bogotá.
El hecho de que este sistema férreo ligero ingrese a Bogotá le da unas características especiales desde el punto de vista de estructuración y de operación del proyecto.
Por eso hemos decidido que el sistema de contratación de ese sistema férreo ligero será el de las asociaciones público-privadas, herramienta que nos otorga la ley que fue aprobada en el mes de diciembre.
ENS: ¿Y el Transmilenio hasta Soacha?
ÁC: Ese es el segundo tema de movilidad. Acordamos destrabar un proyecto de vital importancia, que lo dejé yo en el año 2003 andando, con diseños contratados con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y que debería haber estado construido en el año 2006, como es la extensión del Transmilenio Bosa-Soacha.
Decidimos destrabar este proyecto y ponernos una meta muy fuerte que es tratar de darlo al servicio este año o a más tardar en el primer semestre del próximo.
ENS: ¿Qué definieron sobre seguridad?
ÁC: Ese es el tercer elemento que acordamos. Ya 115 de los 116 alcaldes de Cundinamarca aprobaron acompañar a Bogotá en la propuesta de desarme a partir del 1 de febrero y por 90 días.
LA FIESTA QUE NO ES
VLADDO
Da lástima y vergüenza que, en pleno siglo XXI, algunos nieguen que las corridas de toros sean un acto cruel y que pretendan presentarlas como una expresión artística de unos valientes que arriesgan sus vidas para preservar una tradición centenaria. Tales argumentos no resisten el menor análisis.
Según el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra arte (del lat. ars, artis), significa “virtud, disposición y habilidad para hacer algo”. Esta es una definición un poco gaseosa, que se puede aplicar a muchas actividades. También dice el DRAE que es una “manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”. No creo que el toreo quepa en esta categoría. En otra acepción, nos dice que se trata de un “conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer bien algo”. En una corrida tales preceptos y reglas no son muy aplicables que digamos. Y en un cuarto significado el diccionario define arte como “maña, astucia”. Pueden ser estas las palabras que más se ajustan al sentido real de una actividad como la tauromaquia, que en ningún caso puede compararse con artes de verdad como la pintura, la música o la literatura, en las cuales la habilidad humana se usa para regocijar los sentidos, para exaltar la estética.
El hecho de que los rehiletes estén forrados de colores; de que los atavíos de los toreros sean elaborados en finas telas y bordados en oro; o de que la muleta o los capotes sean muy vistosos, no es suficiente para que un acto en extremo salvaje se pueda llamar arte. Ese cuento de que “como todo arte, el del toreo no es comprendido por todo el mundo” es una desafortunada justificación que no tiene asidero en la realidad.
En cuanto a la valentía del torero, no niego que se necesita tener cierto temple para enfrentar a un animal de 500 kilos, con sus afiladas astas, pero las estadísticas demuestran que es una lucha desigual, pese a las cogidas que ocasionalmente sufren los diestros. ¿Cuántos animales mueren cada año en las temporadas taurinas? ¿Y cuántos matadores quedan heridos o muertos? Las cifras no mienten: en la arena lo usual es que la sangre la ponga el toro.
Por otra parte, aunque se trate de un rito muy antiguo, esa no es razón suficiente para legitimar su práctica. En ciertas culturas la ablación genital de las mujeres es una tradición secular, tolerada por la comunidad y permitida por las autoridades; sin embargo, eso no la hace aceptable desde el punto de vista humanitario.
Aunque sé que se derramará mucha sangre inocente antes de que nuestra sociedad entre en razón, me parece no solo oportuno sino necesario el debate sobre la tal ‘fiesta’ brava. La discusión queda abierta.
REVISTA SEMANA
CIDH: JUSTICIA MILITAR NUNCA FUE COMPETENTE PARA INVESTIGAR CASO PALACIO DE JUSTICIA
Así lo señala el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que además resalta la forma como los militares no esperaron a que los funcionarios competentes para la investigación cumplieran sus obligaciones legales una vez culminada la retoma.
El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del Palacio de Justicia (1985) no sólo es una advertencia de una posible condena al Estado colombiano por estos hechos, tal y como lo reveló SEMANA.También cuestiona algunas medidas tomadas por los militares ese día, así como la actuación, según el informe, improcedente de la justicia penal militar que en su momento tuvo el caso.
“Se observa que las autoridades militares no esperaron a que los funcionarios competentes de la investigación cumplieran sus obligaciones legales, sino que una vez culminada la retoma efectivos del Ejército Nacional ordenaron la concentración de los cadáveres en el primer piso, y previo al despojo de sus prendas calcinados en bolsas plásticas”, señala el informe.
El texto, de más de cien páginas, señala que la ropa no fue enviada siguiendo los protocolos, “es decir, debidamente embalada y asociada a cada uno de los cadáveres, lo cual ocasionó que se perdiera la asociación de las prendas de vestir y objetos de muchos de los cadáveres. Así mismo, consta que algunos cadáveres, como el del magistrado Carlos Horacio Urán, fueron sometidos a un cuidadoso lavado, lo cual era contrario a los procedimientos existentes de la época para el levantamiento e identificación de cadáveres”.
El cuestionamiento que hace la Comisión sobre el manejo de los cuerpos va más allá. Dice que no se habría tratado solamente de un hecho espontáneo, sino que habría una intención de parte de los uniformados. “La Comisión concluye que el manejo inadecuado de los cadáveres permite deducir que la fuerza pública quiso encubrir la forma como perecieron algunas víctimas y además dificultaron la identificación de los cadáveres y de las labores de investigación”.
Pero el informe no sólo siembra dudas sobre las pretensiones de los uniformados una vez terminada la retoma del Palacio, también se refiere a lo que fue el proceso en la justicia militar.
La Comisión señala que “la jurisdicción penal militar no era la vía apropiada para investigar hechos como los cometidos en este caso. Así mismo considera que el Estado extralimitó la esfera de la justicia militar, en contravención de los parámetros de competencia y restricción que caracterizan a la jurisdicción penal castrense y extendió la competencia del fuero militar a delitos que no tienen relación directa con la disciplina militar, como lo son la desaparición forzada y tortura, o con bienes jurídicos de dicho fuero”, reza el documento, que además hace un recuento de algunos momentos del proceso dentro de la justicia penal militar.
Por ejemplo detalla cómo aunque el 3 de diciembre de 1985 el juzgado sexto de instrucción penal militar abrió formalmente la investigación y ordenó la práctica de diligencias probatorias, el caso pasó a la justicia ordinaria, pero luego, ante una solicitud del agente especial de la Procuraduría, regresó a la justicia penal militar.
Recuerda también que el 12 de mayo de 1992 el juez de primera instancia declaró la cesación del procedimiento por la desaparición de Clara Enciso a favor del general Jesús Armado Arias Cabrales. Además señala que la acción penal por los delitos en contra de Eduardo Matson Ospino y Yolanda Ernestina Santodomingo (estudiantes) “había prescrito a pesar de no ser atribuibles al coronel Edilberto Sánchez Rubiano y que además este no participó en la presunta desaparición de Irma Franco”.
La Comisión considera que la falta de independencia e idoneidad de los tribunales castrenses perjudicó las posibilidades de esclarecer los hechos y la correspondiente responsabilidad. Arroja además un dato que resulta clave en el proceso. “Pese a existir prueba en el expediente que tendería a demostrar obstaculización de la justicia por parte del juez militar que ordenó la inhumación de cadáveres sin identificar, este no ha sido juzgado”.
Sobre este punto, la Comisión recomendó al Estado iniciar la búsqueda y localización de los restos mortales de los empleados de la cafetería y visitantes del Palacio que reconoce como víctimas de desaparición: Carlos Augusto Rodríguez, Cristina Guarín, David Suspes, Bernardo Beltrán, Jaime Beltrán, Gloria Lizarazo, Luz Mary Portela, Norma Constanza Esguerra, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Isabel Anzola e Irma Franco.
Familiares de las víctimas señalaron a Semana.com que es poco lo que se ha avanzado. Aún cuando se lo han solicitado directamente al presidente Juan Manuel Santos, para ellos las respuestas no han sido suficientes.
El plazo que dio la Comisión para obtener respuesta del Estado a sus recomendaciones ya se cumplió y, aunque la petición de la Cancillería de tener un mes de plazo adicional fue aceptada, el tiempo avanza y los familiares de las víctimas esperan recibir noticias sobre la búsqueda de sus seres queridos.